En junio de 2016, la mayoría de sindicatos presentes en la Mesa general de Negociación de la Generalitat, (UGT, IV, CC OO y FSES) alcanzamos un acuerdo de legislatura que contemplaba dar solución a la mayor parte de los problemas de las empleadas y los empleados públicos valencianos de la Generalitat. CSI·F no quiso firmarlo. Entre otros muchos aspectos abordamos la necesidad de que los firmantes nos comprometiéramos a redoblar los esfuerzos en la lucha contra la violencia sobre las mujeres, y para ello era necesario la elaboración de toda una serie de acciones como protocolos contra el acoso por razón de sexo y acoso sexual y protocolos de intervención para situaciones de violencia de género.
Ya sabíamos que protegiendo solo a las empleadas públicas valencianas no solventábamos esa lacra que representa el machismo criminal y asesino. Pero qué duda cabe de que un acuerdo de estas características ejerce un ejemplo de compromiso ante la sociedad.
Un acuerdo que no contemplara medidas eficaces para ayudar a las trabajadoras víctimas de violencia machista supondría una declaración de principios más, y por eso todos, gobierno autonómico y sindicatos firmantes, resolvimos medidas que posibilitaran el traslado inmediato de su puesto de trabajo a las víctimas. Pero quisimos ir más allá y extender esa posibilidad no solo al ámbito de la Generalitat, sino también a los ayuntamientos y diputaciones de la Comunitat Valenciana. De ese modo, las medidas de alejamiento que los jueces dictan se complementaban con la posibilidad de cambiar de residencia si así lo solicitan las mujeres afectadas sin perder su puesto de trabajo ni sus condiciones salariales.
La Generalitat y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias suscribieron en noviembre el convenio que ofrece la posibilidad de que las administraciones locales que se adhieran para permitir, en base al principio de reciprocidad, que las empleadas públicas de cualquier administración valenciana que estén obligadas a abandonar su puesto de trabajo para hacer efectiva su protección o el derecho a la asistencia social integral, tengan derecho al traslado a un puesto de trabajo similar en otra administración.
El Ayuntamiento de València ya solicitó el 24 de noviembre la adhesión al convenio. Por ello, desde la Federación de empleados y empleadas de los Servicios Públicos de la UGT, a través de nuestras secciones sindicales, estamos instando a las corporaciones locales a que se adhieran al convenio de la FVMP-Generalitat para ampliar la red de centros de trabajo a los que puedan optar aquellas empleadas públicas víctimas de violencia machista que así lo soliciten y puedan hacer efectivo un derecho laboral que tienen reconocido por la legislación desde hace muchos años.
La UGT está firmemente comprometida en la lucha contra la violencia machista, más allá del daño causado, enorme, terrible y fatal en demasiadas ocasiones, la violencia afecta también al desarrollo económico debido a las consecuencias negativas a largo plazo en la salud física y mental, la educación el empleo y la paz social. Asumimos totalmente las declaraciones de María Such, directora general del Instituto de la Mujer de la Generalitat, cuando afirma que el machismo es un problema creado por los hombres y son los hombres los que deben poder pararlo, a través de la educación, de la familia y en todos los aspectos de la vida.
Por eso condenamos enérgicamente la noticia aparecida en la prensa valenciana en la que un sindicato de policías locales y bomberos de Valencia, anunciando una fiesta de Navidad en la que se utiliza el cuerpo de la mujer mercantilizándolo y cosificándolo. No podemos consentir esas expresiones machistas en ningún caso y muchísimo menos si se trata de policías locales, por tanto empleados públicos, y que en muchas ocasiones son los primeros en atender a las mujeres víctimas de violencia de género.
Ver en LEVANTE EMV 6/12/2017 > http://bit.ly/2Ae7cDu
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