Contestando a Gregorio Martín

Leo con estupor el artículo del profesor de Ciencias de la Computación Gregorio Martín en las páginas de opinión del periódico Levante en la sección “Pensat (molt poc) i escrit” en las que arremete contra la oferta del Consell a los sindicatos para alcanzar un pacto de legislatura.

El profesor Martín, en una reflexión altamente economicista, pone en cuestión la  viabilidad de dicha oferta dado el enorme déficit de la Generalitat valenciana.

Intentaré contestar a las principales objeciones de D. Gregorio a dicho pacto.

El gobierno popular en la Generalitat Valenciana, muy particularmente en los últimos cuatro años, ha venido practicando una política de ataque desmedido a los servicios públicos que se ha concretado en la desaparición de más de 10.000 puestos de trabajo fundamentalmente en los sectores docente y sanitario.

Tanto el sector docente como el sanitario son pilares del Estado de Bienestar como todos sabemos. Parece lógico que cualquier gobierno progresista persiga la construcción de un Estado del Bienestar potente como mejor garantía de conseguir una igualdad de oportunidades real entre sus ciudadanos por tanto, parece muy lógico, que una de las primeras medidas en política social sea recuperar los puestos de trabajo destruidos en los servicios públicos durante la penosa etapa de gobierno del PP.

Sigue arremetiendo D. Gregorio contra las medidas de conciliación de la “vida laboral y familiar”. Lo que nos propone el Consell es adaptar en este acuerdo lo que ya viene sucediendo en la realidad respecto de la maternidad porque hasta ahora las trabajadoras, funcionarias o no,  vienen planteando en sus empresas una IT por contingencia profesional o una IT común exceptuada de descuento retributivo negociado, siendo la seguridad social, bien directamente o bien a través de las mutuas, la que cubre estas contingencias.

De todos modos, en la Administración General del Estado a la que tanto aprecia D. Gregorio ya se viene aplicando este permiso que ahora el Consell nos propone.

El personal al servicio del Consell, como muy sabe el Profesor Martin, ha perdido en este cuatrienio verdaderamente negro alrededor del 25% de su poder adquisitivo a través de distintos decretos, promovidos bien por el gobierno central u otros promovidos a más a más por el Gobierno Valenciano, ambos del PP, mientras se despilfarraban cientos de millones de euros en obras faraónicas u otras actividades de las que los empleados públicos valencianos no eran ciertamente responsables.

Parece lógico también que un plazo de cuatro años, a través de la creación de un fondo todavía no especificado, se vayan recuperando las cantidades sustraídas por el PP a los empleados públicos valencianos.

Máxime cuando como todo el mundo sabe que los empleados públicos valencianos son de los que menos cobran de todo el estado.

El déficit de la GVA, se debe a varios motivos como D. Gregorio debe saber.

Cuando se produjo el proceso de transferencias, las cantidades económicas que se transfirieron para mantener los servicios transferidos se cuantificaron sobre el coste real del servicio transferido, es decir, ni una peseta más de lo que costaba aquello que se transfería.

Lo que se transfirió no dejaba de ser ni más ni menos que el reducido estado de bienestar con que Franco obsequió a nuestra comunidad autónoma y el gobierno de Joan Lerma tuvo que afrontar el sobrecoste de montar toda una red de servicios públicos, principalmente la red sanitaria, (hospitales, ambulatorios y consultorios) y la red educativa (institutos y colegios) sin contar con una financiación suficiente para ello, pero que los valencianos nos merecíamos.

Si a ello le unimos la catastrófica política fiscal llevada a cabo por el PP, encontraremos las razones que explican el déficit de la GVA, sin entrar a valorar 20 años de saqueo continuado practicado por el partido conservador.

El déficit de la GVA debe ser abordado desde todas las instancias valencianas exigiendo una correcta financiación de nuestra comunidad, que sea suficiente para mantener un estado social y de derecho como indica nuestra constitución, que garantice la igualdad de oportunidades entre todos los valencianos, luchando eficazmente contra el fraude fiscal y llevando a cabo una política fiscal que asegure que el que más tiene pague más.

No creo, sinceramente, que el déficit deba ser solucionado sobre la base de mantener las políticas de recortes que el PP ha llevado adelante durante estos últimos años, fundamentalmente la solución no debe recaer una vez más sobre las espaldas de los empleados públicos valencianos ni sobre las posibilidades de igualdad de oportunidades de los ciudadanos de nuestra comunidad.
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