lunes, 11 de diciembre de 2017

Cómo protegemos a las empleadas públicas víctimas de la violencia

En junio de 2016, la mayoría de sindicatos presentes en la Mesa general de Negociación de la Generalitat, (UGT, IV, CC OO y FSES) alcanzamos un acuerdo de legislatura que contemplaba dar solución a la mayor parte de los problemas de las empleadas y los empleados públicos valencianos de la Generalitat. CSI·F no quiso firmarlo. Entre otros muchos aspectos abordamos la necesidad de que los firmantes nos comprometiéramos a redoblar los esfuerzos en la lucha contra la violencia sobre las mujeres, y para ello era necesario la elaboración de toda una serie de acciones como protocolos contra el acoso por razón de sexo y acoso sexual y protocolos de intervención para situaciones de violencia de género.
Ya sabíamos que protegiendo solo a las empleadas públicas valencianas no solventábamos esa lacra que representa el machismo criminal y asesino. Pero qué duda cabe de que un acuerdo de estas características ejerce un ejemplo de compromiso ante la sociedad.
Un acuerdo que no contemplara medidas eficaces para ayudar a las trabajadoras víctimas de violencia machista supondría una declaración de principios más, y por eso todos, gobierno autonómico y sindicatos firmantes, resolvimos medidas que posibilitaran el traslado inmediato de su puesto de trabajo a las víctimas. Pero quisimos ir más allá y extender esa posibilidad no solo al ámbito de la Generalitat, sino también a los ayuntamientos y diputaciones de la Comunitat Valenciana. De ese modo, las medidas de alejamiento que los jueces dictan se complementaban con la posibilidad de cambiar de residencia si así lo solicitan las mujeres afectadas sin perder su puesto de trabajo ni sus condiciones salariales.
La Generalitat y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias suscribieron en noviembre el convenio que ofrece la posibilidad de que las administraciones locales que se adhieran para permitir, en base al principio de reciprocidad, que las empleadas públicas de cualquier administración valenciana que estén obligadas a abandonar su puesto de trabajo para hacer efectiva su protección o el derecho a la asistencia social integral, tengan derecho al traslado a un puesto de trabajo similar en otra administración.
El Ayuntamiento de València ya solicitó el 24 de noviembre la adhesión al convenio. Por ello, desde la Federación de empleados y empleadas de los Servicios Públicos de la UGT, a través de nuestras secciones sindicales, estamos instando a las corporaciones locales a que se adhieran al convenio de la FVMP-Generalitat para ampliar la red de centros de trabajo a los que puedan optar aquellas empleadas públicas víctimas de violencia machista que así lo soliciten y puedan hacer efectivo un derecho laboral que tienen reconocido por la legislación desde hace muchos años.
La UGT está firmemente comprometida en la lucha contra la violencia machista, más allá del daño causado, enorme, terrible y fatal en demasiadas ocasiones, la violencia afecta también al desarrollo económico debido a las consecuencias negativas a largo plazo en la salud física y mental, la educación el empleo y la paz social. Asumimos totalmente las declaraciones de María Such, directora general del Instituto de la Mujer de la Generalitat, cuando afirma que el machismo es un problema creado por los hombres y son los hombres los que deben poder pararlo, a través de la educación, de la familia y en todos los aspectos de la vida.
Por eso condenamos enérgicamente la noticia aparecida en la prensa valenciana en la que un sindicato de policías locales y bomberos de Valencia, anunciando una fiesta de Navidad en la que se utiliza el cuerpo de la mujer mercantilizándolo y cosificándolo. No podemos consentir esas expresiones machistas en ningún caso y muchísimo menos si se trata de policías locales, por tanto empleados públicos, y que en muchas ocasiones son los primeros en atender a las mujeres víctimas de violencia de género.

Ver en LEVANTE EMV 6/12/2017 > http://bit.ly/2Ae7cDu

miércoles, 12 de julio de 2017

Por qué votaré a Ximo Puig (EL MUNDO 11/7/2017)

Llevo afiliado al PSPV-PSOE desde el año 1982, participé activamente en la reconstrucción del movimiento sindical de clase desde la clandestinidad, llevo cotizando regularmente a la Seguridad Social desde el año 1975, y nunca, nunca, he tenido ningún cargo público, ni concejal, ni diputado, ni senador, ni eurodiputado, ni director general, ni jefe de servicio, ni jefe de sección, ni siquiera jefe de negociado, ni siquiera he ido en ninguna lista electoral de ningún tipo, ni tan solo en los puestos llamados «de relleno». Nunca he cobrado ni una peseta en su día, ni ningún euro por cargo público alguno. Tengo dos hijos, los dos trabajando en empresas privadas, los dos en el extranjero. No le debo nada a mi partido, salvo mi gratitud por mejorar la vida de la gente. Creo que puedo considerarme un militante de base del PSPV.
Como militante de base me afilié a mi partido porque siempre he considerado que los partidos políticos de izquierda y los sindicatos de clase son las organizaciones que los trabajadores, los desposeídos, los que no tienen voz ni fuerza por sí mismos tienen. Son los instrumentos útiles para cambiar la sociedad, para mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora, para avanzar en el estado de bienestar que garantiza la igualdad de oportunidades entre ricos y pobres.
He asistido y participado siempre que he podido en los grandes debates de mi partido, recuerdo el debate sobre «marxismo si, marxismo no» del PSOE, que provocó la dimisión de Felipe González como secretario general, participé activamente en el debate sobre el ingreso o no en la OTAN, para mí han sido dos grandes debates políticos de profundidad, de carácter estratégico, y en esos dos debates que suponían reorientar a nuestro partido de cara al futuro no observé el nivel de tensión que se ha vivido en el último proceso de primarias del PSOE, y yo creo modestamente que eran mucho más importantes para el partido y su futuro que el proceso actual de primarias.
Creo como militante de base que la preferencia por cualquier candidato que se presente a primarias no debe suponer el enfrentamiento fraticida que ha supuesto este proceso, optar por un candidato no supone equivocarse, es una opción libre a la que cada afiliado tiene derecho.
Aquí en la Comunidad Valenciana tras 20 años de desgobierno del PP por fin tenemos un gobierno decente y honesto que trabaja para mejorar la vida de los valencianos y valencianas, presidido por un socialista, Ximo Puig, y que es nuestro actual secretario general.
Los ciudadanos castigan la división interna en los partidos, esa es una tónica general en toda democracia, e intentar plantear a estas alturas una bicefalia en el PSPV no obedece a ninguna necesidad urgente en mi partido, de hecho no se ha planteado esa necesidad hasta que las primarias entre Pedro Sanchez y Susana Díaz finalizaron.
Desde mi punto de vista, las primarias valencianas se han planteado a modo de venganza y castigo por la apuesta de Ximo Puig por la líder andaluza en aquel proceso.
¿Acaso los que plantean la necesidad de separar el cargo de secretario general y presidente del Consell se lo plantearán a Pedro Sanchez en su momento? La respuesta es un rotundo no.
Yo creo en un PSPV fuerte, autónomo, capaz de mejorar la vida de las y los valencianos, por ero me parece una insensatez intentar descabalgar a Puig de la Secretaría General del PSPV.
¿Si el aspirante García lograra ser secretario general del PSPV dinamitaría el pacto del Botánico? Él ya ha dicho que lo da por amortizado.
Si el secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha comentado que desde la dirección federal no se intervendrá en el proceso valenciano, a que se deben los constantes apoyos de miembros de la dirección federal del PSOE, como Susana RosOdón Elorza y hasta la mismísima Vicesecretaria general Adriana Lastra al candidato García?
Repito, yo quiero un PSPV, fuerte, autónomo en su toma de posiciones, no sucursalista de nadie, ni de aquí, ni de Madrid, por eso yo votaré a Ximo Puig.
Ven en DIARIO EL MUNDO



miércoles, 21 de junio de 2017

Entrevista en el Periódico Digital Valencia Plaza


El sindicato mayoritario del sector público, UGT-PV, acaba de dar un toque al Consell en forma de amenaza de protesta con el que ha conseguido desbloquear la publicación de relaciones de puestos de trabajo (RPT) de las empresas públicas: quién trabaja en ellas, cómo accedió y qué sueldo tiene, entre otras cuestiones. El secretario general de su Federación de Servicios Públicos (FeSP-UGT), Luis Lozano, reconoce la voluntad del Consell por poner orden a unas empresas que con el PP fueron "un coladero", pero echa en falta más determinación política con algunas empresas a las que acusa de falta de colaboración.
En esta entrevista, Lozano aboga por depurar a los cargos políticos colocados en estas empresas y por establecer pruebas de acceso para los casi 3.500 empleados que se demuestre que accedieron sin ningún tipo de procedimiento reglado. Además, duda de la solución que la Conselleria de Sanidad ha ideado para integrar a los trabajadores del Hospital de Alzira para su reversión al sistema público y cree que en el futuro puede darle problemas.

viernes, 27 de enero de 2017

Competencia lingüística y empleo público valenciano

Artículo de opinión en Levante EMV. 27/1/2017
El pasado septiembre de 2016, publiqué en las páginas de Levante-EMV un artículo de opinión donde manifestaba la posición de la Federación de empleados de los servicios públicos de la UGT (FeSP) sobre la necesidad de que en la nueva Ley de Empleo Público Valenciano deberían reglarse los niveles mínimos de competencia lingüística en valenciano. Niveles que las empleadas y empleados públicos valencianos deberían acreditar con el fin de garantizar que cualquier ciudadano de nuestra comunidad autónoma puda dirigirse a nuestra administración en cualquiera de las dos lenguas oficiales, el valenciano y el castellano.
Me refería al uso político que en su día se hizo de nuestra lengua por parte de una derecha muy reaccionaria en la llamada batalla de Valencia y cómo, desde que el PP alcanzara el gobierno de la Generalitat, no se ha hecho ningún esfuerzo para normalizar el uso del valenciano en las administraciones públicas valencianas. Con la llegada de Ximo Puig a la Presidencia de la Generalitat, era lógico que desde los sindicatos exigiéramos que se corrigiera esa anormalidad histórica; somos la única comunidad autónoma con dos lenguas oficiales que no tiene normalizado el uso de las mismas en su administración.
Al mismo tiempo, hacía un llamamiento a la necesidad de abordar este asunto con la máxima amplitud de miras, sin sectarismos. De lo que se trata es de normalizar el uso del valenciano, no de reabrir una guerra estéril que acabe perjudicando otra vez a la lengua de las y los valencianos.

Como punto de partida se deberían establecer tres niveles básicos de conocimiento del valenciano. Uno, el oral para las agrupaciones profesionales funcionariales; el elemental, para todos aquellos puestos que tengan relación con la ciudadanía, donde se acredite la capacidad de comprensión de cualquier texto escrito, de participar en cualquier conversación y una capacidad elemental pero suficiente para responder en aquellas actividades lingüísticas más frecuentes en su trabajo; y un tercero, el mitjà, que se aplicaría a los puestos de trabajo que requieran un conocimiento más técnico del valenciano. Las RPT´s en cada ámbito determinarán el nivel de valenciano exigible para cada puesto y qué puestos quedan excluídos.
La ley de Empleo Público Valenciano para la FeSP-UGT es mucho más que la ley que regule el uso del valenciano en las administraciones. Es posible que alguno se contente solo con eso, pero nosotros somos mucho más ambiciosos, aspiramos a participar en el diseño de una nueva ley que ponga las bases de la mejor Administración española, transparente, donde se garantice el acceso a la función pública con los principios de publicidad, mérito y capacidad que requiere nuestra Constitución, donde se evalúe al personal, donde se le forme continuamente y donde el IVAP se convierta en una verdadera escuela de la administración que sea referente en España y Europa.
Sobre estas bases se podría alcanzar rápidamente un acuerdo que facilitaría la tramitación de la Ley de Empleo Público Valenciano y avanzar hacia un modelo de administración pública al servicio de la ciudadanía, moderna y eficaz. A ello emplazamos a todos, Administración y sindicatos. Es un momento histórico que no podemos desaprovechar.

viernes, 16 de septiembre de 2016

El problema de la llengua valenciana


En els primers anys de la transició la dreta més espanyolista valenciana va promoure un conflicte artificial sobre els signes d'identitat valencians. Eren els anys en què per tal d'impedir la recuperació dels nostres drets com a poble no es va dubtar a esperonar a uns valencians contra altres, a uns els titllaven de catalanistes, mentre que altres eren acusats de “botiflers” segons s'identificaren amb la recuperació dels nostres signes d'identitat i l'exigència del nostre estatut d'autonomia o s'identificaren de deixar les coses com estaven i continuar sent “fidels” a Espanya. En el fons la polèmica estava destinada a frenar des del govern central en mans de l'extinta UCD els desitjos de comptar amb un estatut d'autonomia amb amplis continguts. Era la batalla per aconseguir que el nostre estatut es desenvolupara per la via de l'article 143 de la Constitució (via lenta) o per la via del 151(via ràpida). Un cert èxit va tindre la campanya de la dreta perquè el nostre estatut  es va resoldre per la via lenta i només quatre autonomies ho van fer per la del 151, Catalunya, Euskadi, Galícia i Andalusia. Amb Joan Lerma com a primer President de la Generalitat es va aconseguir el nostre Estatut d'Autonomia i la batalla per signes d'identitat perd força, al definir-se per ampli consens els principals elements de discòrdia, la nostra bandera i la nostra llengua.
Entre moltes altres coses el nou estatut definia que en la nostra comunitat autònoma existien dues llengües oficials, el valencià i el castellà, i com el valencià havia sigut perseguit durant quaranta anys per la dictadura franquista era lògic que els poders públics valencians decidiren recuperar el valencià, protegint-lo, potenciant-lo i promovent-lo per al seu coneixement entre la població, per això les Corts Valencianes van aprovar la Llei d´Ús i Ensenyament del Valencià.
Durant els vint anys de govern del Partit Popular a la nostra comunitat no s'ha avançat ni un àpex en la defensa i ús del valencià, afortunadament no s'han atrevit a derogar el marc legislatiu que defenia la llengua dels valencians, però ara amb un govern progressista i valencianista dirigit per Ximo Puig ha arribat el moment de recuperar gradualment el temps perdut.
Justament ara, quan s'aborda la necessària reforma de la Llei de gestió i ordenació de la funció pública valenciana pareix que és el moment idoni perquè assumptes com el dret a que qualsevol ciutadà puga dirigir-se a la seua administració en la llengua valenciana i ser atès en la mateixa  ja cal que es regule d'una manera definitiva.
Per a nosaltres la FeSP de la UGT, hi és el moment. Ara bé, del que es tracta és de concretar com es regula el dret a l'ús del valencià en l'administració autonòmica, i no de reobrir ferides i batalles entre valencians. Les empleades  i empleats públics valencians han de rebre per part del govern la formació necessària perquè cap ciutadà es trobe discriminat per raons de l'ús de la seua llengua.
Les persones que accedisquen novament a l'administració hauran d'acreditar  la seua competència lingüística en valencià, i si no posseeixen tal acreditació s’han de comprometre que en un termini prudencial l'adquiriran una vegada prenguen possessió de la seua plaça.

Eixa ens sembla la posició més lògica, i segons el nostre parer la que impedirà la reobertura de batalles estèrils que només perjudicaran la nostra llengua i als que legítimament es vulguen dirigir a la seua administració en la seua llengua materna. 

Ver en levante emv 

martes, 5 de julio de 2016

LA ÉTICA Y LA ESTÉTICA

El Partido Popular extendió durante los veinte años de gobierno en la Generalitat una amplísima red clientelar que supuso un buen número de casos de enchufismo y contratos irregulares en todas las administraciones públicas valencianas, en los Ayuntamientos, Diputaciones, Generalitat, Sanidad etc. Se trata de una impresión generalizada, y si no se denunciaron en su tiempo fue debido al temor que sentían ante posibles represalias las personas perjudicadas. Cuando los sindicatos, en concreto UGT, intentamos denunciarlo nos hemos encontrado con enormes dificultades. En primer lugar, desde la publicación del EBEP, los sindicatos no formamos parte de los tribunales, en segundo lugar, ha sido prácticamente imposible encontrar pruebas fiables, y en tercer lugar, nadie quiso  poner en nuestro conocimiento esas situaciones.
Con el cambio de gobierno en la Generalitat, empiezan a salir a la luz pública alguna de esas situaciones, todos y todas hemos oído a través de un medio de comunicación grabaciones radiofónicas donde se le indicaba a una médico que renunciase a la toma de posesión de su plaza, bajo amenazas, y el amenazante concluía “aquí las cosas son así”.
Y así han sido durante años, la UGT en concreto abandonó el llamado bolsín de contratación de la Consellería de Sanidad hace años, porque no queríamos con nuestra presencia  legitimar esas prácticas que en muchos casos no tenían nada que envidiar a “la mafia calabresa”, otros sindicatos no hicieron lo mismo que nosotros.
Nosotros seguimos empeñados en que el sistema de contratación a través de bolsas sea absolutamente transparente y todo el mundo sepa en cada momento el lugar y la oportunidad que tiene.
El nuevo gobierno está siendo cauteloso en el tema de los nombramientos, en la Consellería de Sanidad en concreto,  jamás se ha sido tan escrupuloso a la hora de proceder a reclutar a los cargos directivos de los Departamentos de Salud. Se han exigido currículums, se ha procedido a los correspondientes concursos para su nombramiento,  etc.
Lo que sorprende es que ahora, justamente ahora, el PP y algún sindicato afín despliegan la bandera de la transparencia cuando durante años han hecho de su capa un sayo y han hecho literalmente lo que les ha dado la gana cuando tenían oportunidad  de ser ejemplares durante sus 20 años de mandato.
En 20 años, jamás el gobierno del PP convocó ningún concurso para proceder a nombramientos de gerentes, directores y subdirectores médicos, ni directores y subdirectores de enfermería.
Repito que UGT denunciará todo intento de vulnerar los derechos de los y las trabajadores/as  a la hora de ser nombrados para algún cargo de libre designación, que no lo olvide nadie, libre designación, con la voluntad de que los mejores sean los que ocupen esos cargos.
La afirmación anterior sirve también para cuando se intente que familiares de altos cargos de la administración intenten vulnerar los principios de publicidad, mérito y capacidad a la hora de acceder a la administración.
Yo recuerdo a la Vicepresidenta del Consell, referirse a la ética y a la estética cuando se trataba de nombramientos de algún directivo de empresa pública, perfectamente legal, pero falto de estética según Mónica Oltra.
Recientemente ha saltado a la luz pública la contratación de la hija de un alto cargo de la Consellería de Sanidad, parece que posiblemente favorecida por su parentesco, además de otro asunto familiar. Lo lógico es que la reclamada ética y estética se aplique también en este caso y se asuman las responsabilidades políticas que deban asumirse.
Este gobierno tiene la obligación de ser ejemplar, no puede dilapidar el enorme caudal de ilusión  despertado, ni defraudar la esperanza de que las cosas fueran a cambiar.
Así que firmeza en el mantenimiento de la ética, la estética y la depuración de responsabilidades políticas que sean necesarias.

Publicado en LEVANTE EMV 5/7/2016 > VER